OPINIÓN / LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA, DE MAL EN PEOR

Elisabeth UngarLa Directora de Transparencia por Colombia examinó hace 10  años la situación de la corrupción en el país mostrando brevemente (en este artículo) los alcances, las causas, las mediciones y los posibles remedios de una enfermedad que nos está destruyendo, pero en estos 10 años después de la publicación los avances son nulos en una lucha que cada vez más la sociedad colombiana la está perdiendo, donde actualmente ocupamos el vergonzoso puesto 99 de 180 países, en vez de avanzar hemos retrocedido.    

Cáncer de la democracia

«No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder.  Lo mismo pasa con los mafiosos, los mafiosos no son solamente criminales, la mafia es un sistema de poder económico, un sistema de poder político, un sistema de poder religioso, un sistema de poder financiero(…) La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia, el libre mercado, destruye el normal funcionamiento del sistema».

Esta frase, pronunciada por Leoluca Orlando, diputado italiano y ex alcalde de Palermo durante una visita a Bogotá el mes noviembre de 2009, sintetiza de manera contundente los alcances e implicaciones de la corrupción en el mundo.

En particular, es importante llamar la atención sobre la relación que establece entre corrupción y democracia.   Las prácticas corruptas impiden materializar los principios y los objetivos del Estado Social de Derecho, en la medida en que concentran en manos de unos pocos los recursos y bienes que deberían destinarse a intereses colectivos; distorsionan la toma de decisiones a favor de intereses particulares; aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, y contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado.

También es relevante señalar la vinculación que según Orlando existe entre la corrupción y los actores y acciones de naturaleza mafiosa.  Esto es especialmente cierto  para el caso colombiano, donde esta relación se ha puesto en evidencia de manera   contundente en los últimos años, cuando sectores vinculados con actividades ilegales -narcotráfico y paramilitarismo- resultaron comprometidos en la captura y la reconfiguración cooptada del Estado, fenómenos evidentemente imbricados con prácticas corruptas.  No en vano varios analistas colombianos,  han hablado de la existencia de un círculo perverso entre corrupción, violencia y narcotráfico.

Una corrupción más grave

Por ejemplo,  Luis Jorge Garay se refiere a este fenómeno en los siguientes términos: «Aquello que, hasta hace algunos años, se conocía como corrupción -el soborno, la adjudicación indebida de contratos, el clientelismo y el desvío de recursos públicos- ha cambiado al punto de que actualmente sólo puede analizarse y entenderse en un contexto más amplio que el tradicional, ante el papel determinante que han ejercido procesos y actores de corte mafioso».

Esto hace que la acepción tradicional de la corrupción, que ha sido definida por Transparencia Internacional como «el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones»,  se quede corta para entender la complejidad del fenómeno en sociedades como la nuestra.   Y que sea necesario abordarla como una «práctica funcional en la organización económica, política y social existente que se manifiesta bajo una lógica de interacción de agentes para la satisfacción de intereses de grupos poderosos legales e ilegales al margen del mercado y en veces de la institucionalidad, en detrimento de intereses y propósitos de la colectividad».

Debilidad de Colombia

Además de lo anterior, hay algunas condiciones estructurales del Estado colombiano, del sistema y del ejercicio político que se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción. Entre ellas,

La concentración creciente del poder en el Ejecutivo y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos;

El clientelismo;

La impunidad;

La falta de transparencia en la financiación de la política;

La «cultura del atajo» y el «todo vale»;

Una débil cultura de rendición de cuentas;

El incumplimiento por parte de muchas entidades públicas del derecho de acceso a la información;

Fallas en el diseño de la institucionalidad estatal, e

Incumplimiento de la normatividad vigente.

Además, la corrupción está inmersa en toda la sociedad, involucrando al sector público, al sector privado y a la ciudadanía.  Dicho en otras palabras, el fenómeno parece estar relacionado con causas de orden ético, social, político y administrativo.

Mal en el ranking mundial

Las diferentes mediciones realizadas sobre la corrupción en Colombia muestran un panorama bastante desalentador.  Según el Índice de Percepción de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, Colombia obtuvo un puntaje de 3,5 (siendo «0» la calificación más baja, es decir alta percepción de corrupción, y 10 la más alta, o sea la percepción de corrupción más baja).  Esto sitúa al país en el puesto 78 entre 178 países evaluados. De otra parte, en el contexto americano, Colombia ocupa el décimo puesto (entre 18) y en el Latinoamericano, el cuarto.

Adicionalmente debo resaltar que durante los últimos doce años no ha habido cambios significativos,  lo cual indica que las políticas y acciones emprendidas para enfrentar la corrupción no han sido eficaces.

De otra parte, según el Barómetro Global de Corrupción 2009,  Colombia tiene uno de los niveles más altos de desconfianza en los partidos políticos y en el poder legislativo del Continente. Estas instituciones son percibidas como las más permeadas por la corrupción.  De la misma manera, Colombia es el país que en mayor grado percibe al sector privado como corrupto, al igual que a los medios, los funcionarios públicos y el poder judicial.

¿Cómo hacerle frente al mal?

Una política pública de lucha contra la corrupción debe contemplar medidas de prevención, investigación y sanción, y propender por la integración y coordinación de todos los entes responsables de su aplicación.  Y ajustarse al pleno cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, de las cuales Colombia es signataria.

Colombia tiene un buen desarrollo normativo en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la gran deuda es el cumplimiento formal y sustantivo de la norma.  Por ello es indispensable aumentar la capacidad del Estado para cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la gestión pública en temas relacionados con la corrupción.  Entre ellos, por su impacto en el fenómeno, cabe destacar los siguientes:

Gestión de la contratación estatal.

Gestión contable y desempeño financiero

Fortalecimiento de la institucionalidad local y departamental

Acceso a la información

Promoción y publicidad de las decisiones y acciones públicas

Rendición de cuentas

Pero más allá de las normas, una efectiva Política Integral de Lucha contra la Corrupción no es concebible si no contempla un fuerte componente de educación y de participación  ciudadana.  Y sobre todo, si no entendemos que todos somos, por acción o por omisión, corresponsables de la corrupción: el sector público, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía.

Solo entonces la corrupción dejará de ser una transacción de bajo riesgo y altos rendimientos y se convertirá en una de alto riesgo y bajos rendimientos.

 

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